El Comisionado de Transparencia del Parlamento de Canarias , sigue con su estrategia mediática de publicar a cuenta gotas las notas finales de las entidades públicas de la Comunidad en la evaluación del 2019.
Por lo que se puede apreciar hasta el momento, cada vez son más las entidades que puntúan 10 (puntuación máxima) o cerca de esa nota en transparencia. Nuestra empresa, por ejemplo, asesora a Ayuntamientos en esa situación, pero a nadie se le escapa, que las entidades públicas canarias están lejos de la nota perfecta, principalmente porque la gran mayoría de los portales de transparencia y la información disponible se publica de tal manera que desalienta al más valiente.
El sistema de evaluación y los plazos de la misma ( se dan varios periodos de gracia) tienen el objetivo de conseguir que la mayor parte de las entidades cumplan con unos mínimos. Es realmente fácil conseguir un aprobado, con lo que las entidades y sus responsables consiguen
un titular periodístico y pueden sacar pecho ante todo aquel que los acusa de oscurantismo. Sin embargo, se obvia el aspecto central de la transparencia pública y el buen gobierno: fomentar la participación ciudadana en asuntos públicos.
Si queremos avanzar en la transparencia real, se debe pasar desde un procedimiento, el actual, que simplemente cataloga la existencia de un registro de un indicador determinado (por ejemplo, inventario de vehículos oficiales) sin entrar en la calidad de la información, a una evaluación que valore, además, aspectos como:
– Usabilidad / accesibilidad / atractivo del portal, en la medida que puntúe más alto en estos aspectos más será usado por la ciudanía.
– La existencia de accesos directos a la información / categorías más demandadas.
– Reducción del número de enlaces, mucha información relacionada cabe en una sola página y no hay que clicar en múltiples sitios y descargar archivos que simplemente indican que no existe o no se aplica el indicador.
– Buscador interno (parece mentira que la gran mayoría de los portales carezcan de ésta herramienta).
– Claridad de la información e instrucciones para interpretarla. Mucha de la información no es adecuada y/o carece de contexto con lo que es difícilmente interpretable por la mayoría de la población.
– Permitir la comparación entre administraciones. Parte de la información debería estar estandarizada para ser fácilmente comparable con otras administraciones.
– Nivel de actualidad / renovación de la información. Por ejemplo, qué se ha hecho / comprado en el último año o el nivel de ejecución del presupuesto…
– Buenas prácticas en información y publicidad a la ciudadanía. Las instituciones que realizan acciones para fomentar el uso y conocimiento de sus portales deben ser valoradas por encima de aquellas que no lo hacen.
Por último, hay que indicar que existe mucha más información que la recogen en los indicadores solicitados por el comisionado y que son de interés para la ciudadanía y que las instituciones deben ir incorporando progresivamente, por ejemplo mediante portales de datos abiertos.
[…] un artículo anterior ya hablamos de la necesidad de ampliar y mejorar el sistema de evaluación, pero mientras esto […]